PUNTO DE PARTIDA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
1 de febrero de 2007
Ecologistas, sindicatos y partidos “verdes” han marcado hoy, en las Jornadas “Por un compromiso legislativo contra el Cambio Climático”, celebradas en el Congreso de los Diputados, un punto de partida para construir un marco legislativo para combatir el calentamiento global.
Las Jornadas, convocadas por el Grupo Parlamentario de IU-Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y por Los Verdes, ha contado con la intervención de los diputados Joan Herrera (ICV) y Francisco Garrido (Los Verdes) – impulsores de la iniciativa - , y de Juan López de Uralde (Director de Greenpeace), Pablo Cotarelo (Coordinador de Cambio Climático de Ecologistas en Acción) y Carlos Martínez Camarero (del Departamento de Medio Ambiente de CCOO). El objetivo: proponer la elaboración de una Ley, junto con las entidades ecologistas, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y exigir al Gobierno un compromiso real para combatir el problema.
La reducción propuesta, en el documento de base presentado hoy, plantea la reducción de las emisiones en un 30%, en el 2020, y de un 80%, en el 2050, sin contar con la energía nuclear, para ello.
Además, se propone reducir el consumo de energía primaria un 20 por ciento, en 2020, y un 50 por ciento, en 2050, por unas energías renovables que aporten un elevado porcentaje (el 80 por ciento en el año 2050) del suministro, y por una "reforma fiscal verde" que incentive comportamientos más respetuosos con el medio ambiente.
Los diputados se han quejado de la política del Gobierno, y han planteado que se debería “conseguir, que en un futuro, ningún otro gobierno se comprometa retóricamente, sin concretar medidas”, refiriéndose a la falta de incumplimiento de las promesas electorales del PSOE. Porque “lo que el Ministerio de Medio Ambiente teje por un lado, los otros ministerios lo destejen por otro”. Estos partidos han recordado que España “es el país que más incumple kyoto”.
Los organizadores del acto, después de este punto de partida, han planteado celebrar otro congreso, dentro de unos meses, para trabajar “una propuesta reglada para este compromiso legislativo contra el Cambio Climático propuesto hoy”, conjuntamente con todas las organizaciones asistentes.
Jornadas contra el Cambio Climático celebradas en el Congreso
LOS VERDES
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Documento presentado:
DOCUMENTO DE BASE DEL COMPROMISO LEGISLATIVO CONTRA EL
CÁMBIO CLIMÁTICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los dos últimos siglos, la concentración de dióxido de carbono (CO2), el más importante de los gases de efecto invernadero - por su volumen de emisiones (un 77% del total) -, en la atmósfera, ha pasado de 280 partes por millón (ppm) a 380 ppm - según los últimos datos oficiales en 2005 -, debido a la actividad humana, con un ritmo de incremento, en la última década, de un 2% anual. Esta alta concentración nunca se había alcanzado, en los últimos 400.000 años.
Los efectos ya se están sintiendo, como indican los datos: la temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado en algo más de medio grado, desde 1976, y en la última década se han registrado los nueve años más calidos, desde hace 150 años. Y ello está generando un deshielo acelerado del polo norte, un aumento de los episodios de sequía, lluvias torrenciales y huracanes en diferentes zonas del planeta – que, entre los años 2004 y 2005, han afectado a más de 300 millones de personas -, y una clara elevación del nivel del mar. Es decir, un brusco cambio de los ecosistemas de la tierra, lo que va a afectar profundamente a todas las formas de vida.
Pero lo que está por venir es mucho peor. Según el informe Stern, encargado por el Gobierno británico, la elevación de tan sólo un grado de la temperatura media del planeta - que se alcanzará cuando se llegue a 430 ppm CO2 (lo que, al actual ritmo de incremento de las emisiones, sucederá en 2010) - supondrá el incremento de la desertificación en el Sahel (donde viven más de cien millones de personas), la desaparición de los glaciares de montaña en todo el mundo (lo que generará problemas de agua a los 50 millones de personas que viven en su entorno), graves daños para los ecosistemas de los arrecifes coralinos y, en general, una notable reducción del rendimiento de los cultivos en muchas regiones pobres, lo que incrementará el riesgo de hambre en millones de personas y, por tanto, una indudable presión migratoria hacia otras zonas.
Concentraciones de CO2 de 450 ppm, que supondrán la elevación de la temperatura media hasta los dos grados, y que es previsible que se produzcan en torno al año 2015, implicarán extender el riesgo de hambre, por el deterioro de los cultivos, a gran parte de África y al Oeste de Asia, afectando a cerca de trescientos millones de personas, además de provocar el comienzo de una fusión irreversible de la capa de hielo en Groenlandia y el incremento en la intensidad de tormentas, incendios forestales, sequías, inundaciones y olas térmicas. Todas estas modificaciones de los ecosistemas harán que hasta un 40% de las especies lleguen a estar amenazadas de extinción. Particularmente para nuestro país, la sequía y el calor supondrán una reducción de un 20% de las cosechas, como en toda Europa del Sur.
Una elevación de las temperaturas de hasta tres grados, fruto de concentraciones de CO2 de 550 ppm, que se alcanzará en el 2030, si el ritmo de crecimiento de las emisiones es algo inferior al de la última década, significará, además, una importante acidificación de los océanos, una reducción de las capturas de pesca, que el riesgo de padecer hambre se extienda a 500 millones de africanos y asiáticos, que el número de muertes por malnutrición pase de 4 a 7 millones de personas y que 60 millones de personas más estén expuestas a la malaria en África, lo que puede generar 500.000 nuevos casos anuales y afectar, incluso, al sur de la península ibérica. También, provocará una reducción del agua de los ríos mediterráneos y África del Sur superior al 30%, el inicio del colapso del bosque amazónico, que el 50% de las especies estén amenazadas de extinción y que 170 millones de personas se vean afectadas por el incremento del nivel del los mares y océanos.
La comunidad científica estima que a partir de concentraciones superiores a 550 ppm los desastres naturales serían la situación común en las zonas consideradas vulnerables, fundamentalmente en territorios costeros bajos, donde vive un 5% de la población mundial - como Londres, Shangai, Nueva York, Tokio y Hong-Kong -, y zonas que sufren sequía. La desaparición de los grandes glaciares del Himalaya supondría escasez de agua para unos quinientos millones de hindúes y chinos que viven junto a los grandes ríos que nacen allí.
Tomar las medidas necesarias para limitar la concentración de CO2 a 550 ppm costará un 1% del PIB mundial, pero no hacerlo supondrá una reducción del PIB mundial del 20%, con efectos catastróficos para miles de millones de personas. Además, el problema de aplazar las soluciones al calentamiento generado por la actividad humana es que la reducción de emisiones no supondrá una inmediata reversión del proceso, ya que las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera necesitarán muchos años para reducirse, tiempo durante el cual los efectos en el clima seguirán sufriéndose.
Es posible, e imprescindible, detener la concentración de gases de efecto invernadero, en un nivel inferior a 450 ppm, pero eso supone hacer un fuerte esfuerzo de reducción de las emisiones de CO2. Pese a la gravedad del problema y el espectacular aumento de la conciencia ciudadana, lo cierto es que la acción política, a todos los niveles, está muy por detrás de la magnitud del problema.
De ahí que estimemos la necesidad de adoptar una Ley General contra el Cambio Climático que articule una serie de medidas concretas, en diversos ámbitos, cuyo objetivo sea impulsar una política de reducción de las emisiones causantes del cambio climático. Los objetivos se establecerán en línea con la política europea, cuyo objetivo es reducir las emisiones hasta unos niveles que garanticen que no se producirá un aumento de la temperatura media global por encima de los 2º Celsius. Por lo tanto, es necesario que las concentraciones de CO2 sean inferiores a 450 ppm..
PROPUESTA DE OBJETIVOS PARA UNA LEY
Nuestra propuesta de Ley se basa en los siguientes objetivos:
• Una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 30%, para el año 2020 - tomando como base las emisiones de 1990 - y del 80%, para el año 2050, medidas en CO 2 equivalente.
• Dado que la energía nuclear , al margen de sus graves problemas económicos, tecnológicos, medioambientales y sociales, no es una opción eficaz para hacer frente al problema del cambio climático, esta reducción de emisiones debe realizarse contemplando el cierre progresivo de las centrales nucleares existentes y excluyendo la posibilidad de construir nuevas instalaciones.
• Para ello es imprescindible llevar a cabo una política energética basada en la gestión de la demanda, la eficiencia y ahorro energético. El objetivo de una reducción del consumo de energía primaria del 20%, en el 2020, con respecto al nivel del 2000, y un 50% para el 2050.
• Las fuentes de energía renovable aportarán el 30% de la energía primaria, en el año 2020, y al menos un 80% en el 2050. La Ley fijará objetivos específicos para, al menos, los sectores de la electricidad, industria, construcción y transporte.
• Introducción de una reforma fiscal verde que incentive comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, a la vez que internalice completamente en todos los sectores, incluido el transporte, los costes externos medioambientales, para que aquéllos que los producen asuman sus costes económicos efectivos.
• Asimismo, deberá revisarse el PEIT, para garantizar una reducción de emisiones en el sector transporte, del mismo orden que el resto de sectores (30% para 2020).
• La política urbanística debe promover la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades. Con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades - y no a la segregación - y a posibilitar la movilidad en transporte público, evitando los crecimientos urbanos y turísticos, que consumen gran cantidad de espacio.
Esta ley supondría profundas reformas legislativas, en un amplio abanico de leyes sectoriales : en el ámbito de la energía y la electricidad, las telecomunicaciones, la ordenación del territorio y el urbanismo, la gestión de residuos, el transporte.
