Pensiones ¿reparto o capitalización?. La visión ecologista. 

 

El debate es muy sensible a la opinión pública. 

Desde que Otto von Bismarck estableciera en el estado alemán en 1883, 12 años después de la guerra franco – prusiana y de la unificación alemana, un sistema incipiente de seguridad económica para los trabajadores que cumpliesen 70 años, este sistema de pensiones,  pionero del Estado de Bienestar ha ido sensiblemente mejorando, se ha considerado como una “conquista social irrenunciable” los derechos de los ciudadanos a una vejez con una garantía económica, se ha extendido a la totalidad de los países desarrollados, aumentando las prestaciones y disminuyendo tanto la edad de jubilación como el tiempo que es necesario cotizar para poder acceder a la pensión. 

El debate sobre las pensiones es uno de los más sensibles a la opinión pública y donde la confluencia de fuerzas interesadas es máxima, en la discusión afloran las principales teorías políticas enfrentadas. Afecta al mercado de trabajo, a la definición de Estado, al modelo económico, a la elección de los individuos de cual y como debe ser su nivel de protección. El debate, por tanto, no es baladí ni neutro, es una cuestión con varias dimensiones, de la más pura praxis política donde las sensibilidades son muy elásticas, afectando e interviniendo en la discusión las esferas política, económica y social. 

La situación de las pensiones en Europa 

Centrándonos en Europa, si bien existen diferencias entre los países, todos ellos han alcanzado un sistema de pensiones que ha permitido garantizar unos mínimos vitales, es decir, que los ciudadanos puedan disponer de recursos económicos suficientes, de vivienda y de bienes duraderos así como hacer frente a sus necesidades básicas y la integración en la sociedad.1  Aunque existen diferencias entre los diferentes países, existe algún rasgo común: se han ido aproximando, en todo o en parte, a sistemas de capitalización, existe una cobertura mínima para aquellos que no pueden acceder al sistema de pensiones, las llamadas “no contributivas”, aumentan los planes voluntarios y privados y, finalmente, existe una aportación al fondo de transferencias del Estado, es decir, no solo se financia con la aportación de trabajadores y empresarios, ésta última cada vez con menor participación con el fin de no cargar más costes laborales. 

En cuanto a la administración y gestión del fondo, la responsabilidad suele caer dentro  del ámbito público, el sector privado gestiona los fondos privados y  en algunos países, modelo escandinavo, existe una participación de agentes sociales2. 
 

La edad de jubilación, más que el importe de la pensión que acorde al nivel económico del país, varía desde los 67 años en Alemania a lo 60 años en Francia. Esta edad de jubilación esta en entredicho en los dos países, en Alemania, ya que el costo político de mantener es demasiado alto y peligra el voto, en Francia, ya que el coste económico de mantenerla es demasiado elevado para soportarlo. La edad que se apunta es la edad legal, no obstante, la edad media real en los países es distinta, más baja como consecuencia de las prejubilaciones y los sectores que disponen de edades de jubilación inferiores. Así, en España la edad real media de jubilación ronda los 63 años, cercana a la alemana y más alta que la italiana. La edad efectiva de jubilación en la UE-25 es de 60 años.

La Unión Europea no quiere hablar de sistemas homologados, también ve las dificultades y el coste político que supondría, solo se limita a abogar por buenas prácticas y a valorar positivamente sistemas de capitulación y complementariedad privada.

La situación de las pensiones en España 

En España, la primera reforma de importancia surge con la ley 26/1985 de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social. Esta ley, con el gobierno socialista en el poder, que aumenta el tiempo de cotización para la percepción de la prestación y fija unos baremos más estrictos fue contestada por los sindicatos con huelgas y manifestaciones, principalmente destacables las de junio de 1985 y diciembre de 1988.  

La siguiente reforma es la que deriva de los llamados Pactos de Toledo de abril de 1995. Ningún gobierno ni ninguna oposición tendrían que asumir los costes políticos de decisiones que el electorado iba a castigar a quien que las propusiera. Este Pacto, que nos llega hasta hoy, presento desde su nacimiento una indefinición sobre cual sería los objetivos y la manera más adecuada para llevar a cabo las reformas necesarias, las divergencias entre los diferentes componentes del Pacto Social impedían e impiden consensos en profundidad. No obstante, con la Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 pactada con los sindicatos, y la percepción social, errónea o no, de la dificultades del sistema público de pensiones, se va implantando un aumento, en paralelo, de planes y  fondos privados, con importantes descuentos en la imposición, una separación de las pensiones contributiva y asistenciales y un fondo de reserva. 

Estas reformas al sistema son claramente insuficientes, pues si bien se plasma un interés por la garantía en el futuro de las pensiones, se basan en un principio de solidaridad y se van desarrollando aspectos para delimitar los importes contributivos y los asistenciales; las perspectivas de déficit a medio y largo plazo siguen sin resolverse, pueden no admitirse las proyecciones y perspectivas catastróficas de algunos sectores con intereses directos para que se lleve a cabo una reforma del sistema para que sea capitalizado el fondo y gestionado de forma privada, pero no la evidencia que el sistema resultará afectado sino se producen reformas de calado de acuerdo con proyecciones ajustables a la realidad presente. 
 
 

Dos cuestiones centran el debate, en una lucha maniquea por llevarse la razón, entre las dos “ideologías”, la que representa en España el PSOE, los sindicatos y las corrientes de izquierda3 por un lado y, por otro, las que representa el PP, el Fondo Monetario Internacional y las entidades financieras con sus “think-thanks” en sus publicaciones e informes “ad hoc”4. 

Reparto o capitalización, los modelos cuestionados 

La primera controversia nace de cual debe ser la mejor opción para un sistema de pensiones, reparto o capitalización, que garantice el cobro futuro de las mismas en condiciones similares de importes y años de cotización a las actuales ya que, las condiciones hoy reinantes, parecen ser lo que más puede estirarse en garantía de derechos, el cenit, el punto de referencia máximo a obtener en los próximos años.  

El nacimiento de los sistemas de pensiones surge a principios de los 50 con el sistema de reparto, en una sociedad con una pirámide poblacional ancha por la base, desarrollista, con una economía industrial boyante, en ebullición y con familias estructuradas de forma tradicional. El principio de solidaridad intergeneracional ha sido el eje en que se ha movido la defensa de este sistema, el quid de los regímenes públicos de reparto. En el sistema de reparto son los cotizantes de hoy quienes sufragan las pensiones y si la presión al salario no pudiera ser soportada el déficit de financiación es cubierto directamente por otros ingresos del Estado. Las pensiones quedarían garantizadas ya que el Estado asumiría la falta de cotizantes pero… ¡sufragándose  con los mismos cotizantes vía impositiva como sujetos pasivos¡  

El sistema de capitalización ha ido ganando espacios y adeptos en los últimos años, su justificación deriva los cambios que se han producido en el entorno, que obliga a modificaciones en profundidad si queremos disponer con garantías de un sistema de protección. La inversión de la pirámide poblacional, un entorno económico globalizado y las nuevas formas de convivencia y trabajo exigen transformaciones en profundidad del sistema. Esta opción, si bien con una implantación escalonada, plantea un sistema de capitalización como principal medida, acompañada de una gestión de los fondos privada, un retraso en la edad efectiva de jubilación y una menor cuantía de la prestación que debiera ser compensada  con planes privados opcionales pagados por los trabajadores para no influir en un aumento de los costes laborales que hicieran perder competitividad exterior a las empresas. 

Para la opción de izquierdas, el sistema de reparto es el más capaz de asegurar el principio de solidaridad y, atendiendo a su ideología, la capitalización produciría no solo un beneficio privado injustificado por innecesario sino la inestabilidad del propio sistema.  

Para la opción de derechas, el sistema de reparto es capaz de asegurar el cobro de pensiones dignas ya que cada uno recibe lo que da, sin tener que ajustarse el importe de la pensión a la situación financiera ni a las cotizaciones de los futuros trabajadores ni a la buena salud económica del Estado.  

Malthusianos a la inversa 

La segunda controversia surge de la dificultad de elaborar unas proyecciones fiables sobre la base de cotización futura, mientras que algunos piensan que es tarea no solo ardua sino imposible y que solo los que tienen intereses prevén escenarios catastrofistas con el único fin de gestionar los fondos y disponer de lucrosos beneficios, otros consideran que las proyecciones sugieren que el número de trabajadores futuros será insuficiente para soportar la cuantía de las pensiones futuras. 

Las posturas de izquierda no hacen proyecciones, critican las que se hacen. La derecha tiende a exagerar las previsiones. Por lo tanto, nos encontramos sin punto de referencia objetivo. Para la izquierda cualquier previsión es mala por incorrecta, ya que las variables son múltiples y cambiantes, para la derecha, las premisas con las que parte siempre son con datos del peor escenario posible. Para la izquierda la previsiones no tienen valor ya que lo que cuenta es que la garantía de las pensiones vendrá dado por los cotizantes o fondos adicionales del Estado, para la derecha las previsiones tienen el valor en cuanto hacen ver la necesidad de una capitalización de las pensiones que garantiza el cobro de las mismas al sector más favorecido, los que pueden pagarlas, así como pingües beneficios en la gestión privada de las mismas. 

La izquierda plantea como solución el pago de las pensiones también con impuestos. Unos de sus razonamientos más concluyentes es que no es “ley natural” que se pague solo con la contribución de los trabajadores. Como hemos señalado, habría que ver en quien recae la carga tributaria, pues si fuera en mayor medida en los propios trabajadores esto sería una “doble imposición”. Otra de los razonamientos que se hacen desde sectores progresistas es que como consecuencia que la riqueza de los países ira aumentando, es decir, la tasa de productividad es siempre hacia delante, dentro de unos años se podrá repartir más porcentaje a los pensionistas que en el momento actual aunque existan menos trabajadores ya que el “trozo de tarta” es más grande. El error que es produce en este planteamiento es doble: primero por aceptar como premisa que va a aumentar una productividad “infinita” en bienes materiales5, segundo, más grave, que se entiende como favorable para el desarrollo humano ese crecimiento imparable, situación que esta en contradicción con políticas de igualdad a nivel planetario. Por lo tanto, es un razonamiento no solo equivocado sino además injusto y poco equitativo. Finalmente, en el caso que existiera una tarta mayor y, por lo tanto, que el trozo fuera más grande para los pensionistas, habría que articular o proponer un sistema de reparto diferente y la actual estructura de poder de la sociedad no lo hace posible. Aún aceptando que éste sistema de reparto tuviera lugar nadie aseguraría que dentro de los “grupos excluidos” tuviera que estar necesariamente los grupos etarios de mayor edad. 

Los argumentos de los sectores que ofrecen la capitalización del sistema y la gestión privada de los fondos son más débiles todavía. Se basan en especulaciones sobre el futuro, especulaciones doblemente perversas: la peor hipótesis y la mejor solución que puede ofrecerse solo para un colectivo. La capitalización significa que solo aquellos que tienen recursos en el presente pueden asegurarse el futuro, el resto podría, en todo caso, “disfrutar” de algún tipo de beneficencia social.  

La capitalización consagra que el reparto de la tarta sea dado por la ley del más fuerte, quizá no sean malthusianos convencidos pero sí tienen a Hobbes en sus cabezas. Un sistema de capitalización puede convencer a una clase media temerosa, que no quiera darse cuenta de los varios peligros que este sistema encierra, por ejemplo, los riesgos que se asumen en sistemas de capitulación privados,  si es difícil predecir la evolución de la población más difícil predecir las situación de los mercados después de decenas de años, los posibles quebrantos, desfalcos o mala administración. Al final, cuando se produce esa quiebra paradójicamente recurren al  “papa estado” quejándose que éste no fuera más previsor y solicitando su ayuda. 

También el sistema de capitalización es perverso en cuanto a pérdida de capital humano ya que favorece una jubilación excesivamente temprana, es el caso de las prejubilaciones interesadas que las empresas fuerzan a sus trabajadores al no ser económicamente interesantes mantenerles o las que el propio trabajador, por un sistema de capitalización con éxito, puede permitirse. Esto es perverso en cuanto lo que beneficia a unos ataca a la sociedad entera que se ve disminuida en la capacidad de producción en aquellos elementos con mayor experiencia y madurez en su trabajo. 

El gobierno español: un debate en el lugar y hora equivocado. 

Frente a estos dilemas y posturas divergentes, el gobierno español, en lugar de plantear un debate sereno y espaciado, incorpora éste debate de largo alcance intercalado con las medidas urgentes para la solución de la actual crisis económica. En lugar de separar debates para que uno no distraiga al otro, el gobierno lo expulsa a la opinión pública como una medida anticrisis, confundiendo a la población al infundir la creencia que la  modificación del sistema de la seguridad social va a ser uno de los elementos clave de solucionar la coyuntura económica actual.  
 

¿Existen otras propuestas? La visión ecologísta. 

¿Existen otras propuestas? Los sectores progresistas están tan enfrascados en la defensa del sistema de reparto contra la lógica “ortodoxa” del sistema de capitalización que no se dan cuenta que no hay que poner frenos y parapetos,  sino urgentemente cambiar de dirección. No hay que luchar por mantener “los derechos adquiridos”,  o defender “conquistas sociales”. Si bien los principios jurídicos como la libertad y la igualdad, son algo que una vez que la sociedad se transforma y los aprehende es más difícil que se desgarren, los derechos económicos nunca están garantizados, siempre es una conquista nueva, diaria, permanente. La propuesta de la ideología verde responde a esta cuestión garantizando que la mejor opción es que la jubilación no solo se mantenga a la edad de 65 años, sino que vaya disminuyendo a edades en torno a los 50 años, criterios económicos, sociales y ambientales son los que sustentan esta afirmación. Para esta ideología ni la cuestión central del debate es la garantía de las prestaciones por jubilación, tal y como las perciben las dos ideologías enfrentadas, ni las soluciones propuestas son las adecuadas. 
 
 
 

En primer lugar, un sistema de capitalización, en la primera fase, recogida de los fondos, puede ser aceptado, pero no en la segunda fase, reparto de los mismos. Lo que pretende la izquierda “tradicional” es que exista solidaridad. Pero esta solidaridad no se produce o es defectuosa si cargamos el déficit a otras generaciones. Para ello, el sistema debe ser defendido con el principio de solidaridad dentro de la misma generación, esto es, que a través de un sistema de capitalización el colectivo de hoy se pagará el mismo el día de mañana, sin repercutir nada a las generaciones futuras. Si existe crecimiento, aumento del PIB, éste se producirá y se capitalizará por la generación que, a la postre, disfrutará del mismo, primero con el porcentaje que se acuerde por ella misma y segundo por el trozo de tarta que ella misma genere.  

El sistema, defiende la izquierda, debe ser gestionado por el Estado; el sistema, defiende la derecha, debe ser gestionado de forma privada. Ninguna de las dos opciones es válida, entre otras razones, por los argumentos que cada ideología se enfrenta a la otra. La gestión pública en un sistema de reparto deja en el aire la garantía de cobro a una hipotética buena voluntad de los gestores futuros, además de la discusión sobre la eficiencia en la gestión, la gestión privada en un sistema de capitalización deja en manos de gestores ávidos en busca de un beneficio inexistente, en forzar la máquina para que “cuanto peor, mejor”. 

La gestión, desde la óptica verde, debe ser dada a la sociedad civil, esto es, articular por el Estado sistemas de organización de los sistemas de seguridad social donde los que deciden y gestionan sean las organizaciones y los colectivos de la sociedad. No solo buscar en ellos el pacto o el acuerdo forzoso y forzado, sino la capacidad de decisión y gestión. 

En segundo lugar, no es posible prever lo que sucederá en el futuro, pero desde el más elemental principio de precaución, como el mundo ecologista defiende en la lucha contra el cambio climático y la preservación de las especies, las actuaciones deben están enmarcadas en solucionar los peores escenarios posibles. El cambio demográfico y las condiciones actuales de vida exigen unos aportes a las pensiones que va implantando cambios se quieran o no se quieran, en el tiempo justo o con retrasos peligrosos. Hay que hacer previsiones y proyecciones desde la izquierda pues sino el campo de la ciencia, que no es en este caso sino el análisis estadístico, quedará copado por la derecha.  

En tercer lugar, el sistema de pensiones no puede estar desconectado de la realidad del factor trabajo y su parte de beneficio en la riqueza generada. Un mundo donde el trabajo escasea y su “trozo de pastel” disminuye puede ser visto como una maldición por una izquierda basada en una sociedad fundada en el crecimiento y el desarrollo de bienes, puede ser visto como una situación favorable de los colectivos que les toca más a repartir. 

Si el trabajo disminuye hay que entender que no es importante que las cuotas de los trabajadores soporten las pensiones ya que la riqueza del país puede ser mayor disminuyendo el porcentaje del factor trabajo que se exige para producirla. Los recursos de hoy son mayores que los del pasado y los recursos del futuro se prevén mayores que los del presente, no es un problema de recursos sino de su reparto, si el factor trabajo debe ser el único que garantice la distribución equitativa de los recursos, si no es posible articular otros sistemas que no sean solo los clásicos de la imposición para que esa riqueza que ya no parte del trabajo ni del capital sino de la innovación y la tecnología quede toda ella en manos de los “inventores”. Lo que hay que atreverse es a plantear formulas para que el trabajo sea distribuido, repartido de forma más equitativa. Que los trabajos del tercer sector sean considerados productivos a la hora del reparto de la tarta ya que éstos hasta ahora no han sido tomados en cuenta y son responsables directos del crecimiento. Debe desaparecer la dicotomía trabajador – jubilado, el paso del tiempo no debe ser motivo de un cambio de situación social abrupta  tendente a la exclusión. No hay que tener miedo a un mundo poblado con porcentajes mayores que los actuales de personas de edad avanzada.  

Hay que atreverse a abrir nuevos horizontes y no permanecer empequeñecidos por un debate que lo único que consigue es atemorizar a la población, unos porque ven un mundo superpoblado de viejos a los que para que puedan vivir con cierta dignidad tienen imperiosamente una plan de capitalización caro y con pocas garantías, los otros porque alegremente piensa que será el crecimiento del mañana el que de solución siempre que nos mantengamos fiel al principio de solidaridad. 

La propuesta ecologista es un sistema de seguridad ante la incapacidad, la vejez o la muerte que su financiación cada vez más se encuentre desligado del factor trabajo  y más ligados a conceptos de renta básica y universalidad de los derechos económicos protegidos constitucionalmente. La solución no es aumentar la edad de jubilación sino disminuirla, solo en la era industrial el tiempo y la carga de trabajo ha sido tan excesiva que supera el tiempo que dedica cualquier otra especie para conseguir sus necesidades básicas. El trabajo no puede ni debe mover el mundo y hay que desterrar a los calvinistas y a los que creen que el pecado de Adam y Eva nos condena a seguir girando la noria para siempre. La riqueza que se produce cada vez menos es debida al factor trabajo, cada vez menos es necesario disponer de un importante capital, la productividad, la riqueza crece de forma exponencial por la suma de invenciones e innovaciones. Las investigaciones y los descubrimientos cada vez se plasman en más instrumentos de servicio de la especie humana y cada vez se pasa menos tiempo desde que llegan a la población. En la hipótesis de una oferta de trabajo fija o en descenso, el aumento de la edad de jubilación supondría un desequilibrio en la carga de trabajo y en la economía, más para los mayores y menos para los jóvenes; el aumento de la demanda ocasionaría un precio del factor trabajo, que incidiría en las pensiones, que reduciría inevitablemente el bienestar de los trabajadores. En la hipótesis de una oferta de trabajo en aumento,  supondría una mala señal, la tecnología y los avances científicos se habrían colapsado, tendríamos trabajo probablemente pero en condiciones peores que si no lo tuviéramos. En definitiva, el trabajo más repartido para tener para todos y todos vivir mejor.

Portavoz: Alejandro León.